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Citizenship Education

En la edición del periódico El País se podía leer: “Valencia agudiza el boicoteo a Ciudadanía al impartirla en inglés“. En el texto de la noticia explican los periodistas que “ni hay suficientes profesores preparados para hacerlo ni los alumnos cuentan con nivel suficiente de ese idioma como para enterarse del contenido de la clase, aseguran los sindicatos”, y este hecho no parece merecer más comentario que la crítica a las “piruetas administrativas” que se están haciendo para boicotear la asignatura.

Es triste y lamentable que una decisión como esta se tome con la finalidad de boicotear la asignatura (si es que es esa la intención, cosa que yo no tengo capacidad para juzgar, aunque desde luego no parece muy razonable que algunos contenidos incluidos en ella, como la Constitución Española y el sistema político español se impartan en inglés) y es más triste y lamentable aún que a nadie le merezca el menor comentario el hecho de que, según los sindicatos, no se puedan encontrar con facilidad suficientes profesores de Filosofía o Geografía e Historia con el nivel necesario de inglés para impartir la clase en esa lengua, ni el hecho de que los chicos y chicas de 14 años que asisten a la enseñanza obligatoria no puedan seguir una clase en inglés. En España se sigue pudiendo acabar una licenciatura sin ser capaz de comunicarse en inglés o en otra lengua extranjera, y a pesar de los diversos planes y proyectos para la introducción temprana de lenguas extranjeras (el inglés y también, aunque en menor medida, el francés) en la enseñanza, los resultados están todavía por debajo de lo deseable.

En este sentido, iniciativas para impartir con carácter general cualquier asignatura, incluida la “Educación para la ciudadanía”, en inglés o en otra lengua extranjera me parecen en principio positivas, pues son las que realmente van a contribuir al aumento de la capacidad de comunicación en otras lenguas de la población en general y a la generalización del multilingüismo, lo cual es un objetivo estratégico de la Europa en la que vivimos. Lean, por favor, el informe de Eurydice sobre Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe (y el estudio comparativo correspondiente, ambos del año 2005) antes de decir que esto es sólo un boicot absurdo y sin sentido. ¿Es absurdo y sin sentido hablar de derechos humanos e instituciones y tratados internacionales que se ocupan de ellos en inglés como parte de la educación de nuestros hijos? No lo creo. Y eso también forma parte de los contenidos de la asignatura.

El problema es que casi nadie conoce realmente los contenidos de la asignatura, pues el debate mediático al que asistimos alrededor de esta asignatura gira en torno a la idea de si se trata o no de “adoctrinamiento ideológico” y pone encima de la mesa, como mucho, muestras de libros de texto. Nadie habla realmente de los objetivos y contenidos de la asignatura que están ahí disponibles en el BOE para que todos los podamos leer: lean las enseñanzas mínimas de la ESO, por ejemplo, y piensen si el conocimiento de la Constitución y del sistema político español, la reflexión sobre los derechos humanos y sobre las instituciones internacionales que tratan de ampararlos, las actitudes de no discriminación por razón de sexo, raza, religión, orientación sexual o cualquier otra característica personal y social, o la reflexión ética no deben formar parte de la enseñanza obligatoria. De hecho, ya han formado parte anteriormente de la enseñanza obligatoria (¿ya nadie se acuerda de aquella “Ética” alternativa a la religión? ¿o el problema es que la religión no sea una alternativa a esta asignatura?) y España no es ni mucho menos el único país europeo que ha implementado una asignatura de este tipo, como muestran el informe de Eurydice sobre Citizenship Education at School in Europe y el estudio comparativo correspondiente, ambos del año 2005. De hecho, el concepto de “ciudadanía responsable” – entendido como conciencia de los derechos y deberes que todo ciudadano tiene en una sociedad democrática y capacidad para ejercer los primeros y cumplir los segundos – que está por detrás de la definición de sus objetivos y contenidos parte de las propuestas del Consejo de Europa sobre la cuestión. No parece aceptable que nos preocupemos de la literacía en general y de, por ejemplo, la literacía digital de nuestros hijos y no de su literacía política.

Justamente, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que da la razón a unos padres que pretendían impedir que su hijo asistiese a esa asignatura obligatoria y tuviese que ser evaluado, indica entre otros argumentos que los contenidos “tienen un alto grado de indefinición, lo que no facilita el ejercicio de los derechos de los padres” (punto cuarto de sus fundamentos de derecho).

Lléguese a un consenso en cuanto a los contenidos. Establézcanse claramente, tanto como nuestro sistema de enseñanzas mínimas estatales y currículos autonómicos permita. Pero no se diga que no hace falta educación para la ciudadanía en la escuela pública.

Polémica Branchadell-Savater-Arteta (enero 2008)

Albert Branchadell y Fernando Savater están manteniendo un debate estos días en las páginas del diario El País:

Debate en el que ha venido a terciar Aurelio Arteta:

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Facilitar

En la sección de opinión de la edición de hoy de La Voz de Galicia se publica un artículo de Xavier Alcalá intitulado “Galicia monolingüe” que, a pesar de lo que pueda sugerir su título, no defiende el monolingüismo (ni castellano ni galego) para Galicia, sino lo que él llama “diglosia consciente”, limitándose ese título a destacar que su autor tiene la sensación de que el movimiento “Galicia bilingüe” pretende facilitarle la vida en Galicia a quien no sabe ni quiere saber gallego, y que debe ser criticado cualquier movimiento que “se basea en facilitar o vivir en Galicia descoñecendo calquera dos dous idiomas (o natural e o imposto pola historia de España)”.

Pásese por alto el hecho de que al considerar “natural” uno de los dos idiomas e “imposto” el otro está de alguna manera fomentando lo que él mismo condena en la frase siguiente: “a existencia de dous pobos dentro do mesmo país”, el establecimiento de jerarquías entre los que hablan una lengua “natural” y los que hablan una lengua “imposta”. A las referencias históricas que abren el artículo se podrían añadir muchas otras: prácticamente todas las lenguas han acompañado en algún momento de su historia eventos bélicos y sociales que en bastantes ocasiones llevaron a su imposición, en bastantes otras a que sus hablantes sufrieran imposiciones, y siempre a que entrasen en contacto con hablantes de otras lenguas. Todo depende de hasta qué momento de la historia queramos remontar la “naturalidad” de una lengua. Ni el latín ni sus variantes geográficas que dieron origen a las actuales lenguas románicas en el contacto con diversas otras lenguas fueron nunca pacíficamente adoptadas de forma “natural”, como no lo fueron las religiones, ni las formas de gobierno, ni las convenciones familiares y sociales. Y, de todas formas, cualquier forma de jerarquización entre las lenguas cooficiales generará eso que él muy bien describe: “divisións e tensións sociais”.

Al ciudadano corriente de hoy, del que habla en otro artículo de opinión Xosé Luis Barreiro, le importa bastante poco si una de las dos lenguas fue un día “imposta” o no. Su preocupación, la que está por detrás de movimientos como “Galicia bilingüe”, es otra: ¿en qué lengua van a recibir la enseñanza mis hijos? ¿En qué lengua voy a ser atendido cuando me dirija a la Administración pública o realice gestiones que estoy obligado a realizar, quiera o no? ¿Las lenguas van a dificultar mi día a día, la formación de mis hijos o su futuro personal y profesional?

Y es esto lo que no se puede pasar por alto: que se considere negativo “facilitar o vivir en Galicia” a alguien atendiendo a sus preferencias lingüísticas, sean ellas cuales fueren. Las medidas que se tomen desde el poder político en relación a las lenguas deben ir encaminadas a facilitarle la vida a todos los ciudadanos independientemente de sus preferencias lingüísticas, y no a dificultársela (ni a no facilitársela) a nadie en función de esas preferencias. A nadie. Ni a los que hablan cualquiera de las dos lenguas cooficiales ni a los que hablan otra lengua diferente.

Y es de aquí de donde surgen movimientos como “Galicia bilingüe” (y vaya por delante que no soy miembro de ese movimiento): del hecho de que algunas de las medidas tomadas o anunciadas como deseables por el actual Gobierno gallego parecen a veces más dirigidas a dificultarle la vida a quien no habla gallego (objetivo que considero absolutamente ilegítimo) que a fomentar el uso del gallego y a garantizar plenamente los derechos de quienes hablan gallego y desean acceder a los diferentes servicios de la Administración, incluida la educación, en gallego (objetivo plenamente legítimo).