Más sobre “Educación para la ciudadanía”

En el blog de José Manuel Roca aparecía publicado hace unos días un artículo titulado Educación para la ciudadanía: un exceso más de la Administración socialista en el que se decía, entre otras cosas:

El problema de esta Educación para la Ciudadanía es que no tiene respeto por el texto constitucional. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado esta semana, ya casi pasada a la hora en que redacto estas líneas, parte de un recurso contra la asignatura y ha declarado nulos algunos de sus contenidos. Para el TSJA el límite que exige el principio de neutralidad ideológica se rebasa en los contenidos de la asignatura. En fin, un exceso más de los de consumo general de la Administración socialista.

Y ello se afirma sin detenerse en qué es lo que al TSJA le ha parecido que rebasa el límite de la neutralidad ideológica, y sin mencionar ni analizar el voto particular de dos de los magistrados que firman la sentencia. Tanto el texto de la sentencia como el del voto particular están disponibles en Internet, en las páginas de Laicismo.org y en otras, y merecen una lectura detenida para entender mejor qué hay detrás de esta sentencia, y si efectivamente se puede calificar de “exceso”, como hace José Manuel Roca, el contenido del currículo andaluz de “Educación para la ciudadanía”. Porque – no lo olvidemos – son tres frases del currículo andaluz (y por ende de los contenidos mínimos de carácter estatal, de donde proceden, aunque el TSJA no tenga ninguna competencia para juzgar sobre estos últimos y resalte la necesidad de plantear su ilegalidad ante el Tribunal Supremo) y no la propia existencia de la asignatura, lo que rebate la sentencia. De hecho, se puede leer en ella:

Ahora bien, se insiste de nuevo, como se declara en ese mismo preámbulo de la Ley Orgánica de Educación con respecto a la educación para la ciudadanía, declaración de indiscutible carácter hermenéutico, que “su finalidad consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global”, lo que está en perfecta sintonía con el art. 27.2 de la C.E. y con las declaraciones y tratados internacionales, la Sala resuelve en la improcedencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad por la referida indefinición de esos conceptos, aun anunciándose la aparición de “nuevos contenidos”, y la remisión que hace la L.O. 2/2006 para su determinación y alcance a la que se fije por el Gobierno. Y es que, según reiterada doctrina constitucional, la finalidad de tal planteamiento no es resolver controversias interpretativas sobre el alcance de determinados preceptos legales (ATC 62/1997, entre otros muchos), habida cuenta que, conforme a lo preceptuado por el artículo 5 de la L.O.P.J., los Tribunales han de interpretar las leyes según los preceptos y principios constitucionales. En consecuencia, por “educación en valores” se ha de entender educar en los valores del ordenamiento jurídico constitucional, es decir, en “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (art. 1.1 de la C.E.); y por “educación ético-cívica”, o referida a formar una “conciencia cívica” en el alumnado, se ha de entender la enseñanza teórica y práctica de “los principios democráticos de convivencia”, que son, como dice el preámbulo de la L.O. 2/2006, el “sustrato” (o mínimum ético) que permite en una sociedad democrática esa convivencia, y es exigido para crecer y formarse libremente, quedando de este modo, si no colmada, sí garantizada la certeza exigible en la norma legal con respecto a destinatarios de ella, en este caso, los padres, como titulares del derecho reconocido en el art. 27.3 de la C.E., frente a esa “nueva materia (que) permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos”, como se lee en el mismo preámbulo de la Ley Orgánica de Educación.

Es decir, el TSJA considera que no es inconstitucional la presencia de la asignatura “educación para la ciudadanía y los derechos humanos” en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, empecemos por ahí. Lo cual viene a representar un espaldarazo a los que defendemos la necesidad de tal asignatura en el currículo educativo, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos. Con demasiada frecuencia se olvidan en el debate interno en España sobre la asignatura tanto estas recomendaciones como la presencia de asignaturas semejantes en los currículos escolares de muchos países europeos.
Lo que el TSJA sí considera que rebasa los límites de neutralidad ideológica que la Constitución exige es lo contenido en algunos aspectos de los Reales Decretos que establecen los contenidos mínimos y en los Decretos y Órdenes andaluces que los desarrollan:

La afirmación de que los derechos humanos dependen del contexto, o de la coyuntura histórica, y son susceptibles de ser creados o de ser destruidos, es un postulado ideológico (no jurídico) que, como tal, no está incorporado en la norma constitucional. Como también lo es la llamada “ideología de género” que según el propio recurrente “propugna que el sexo no define al hombre y a la mujer como tales, sino que es fruto de una determinada concepción cultural o de un accidente biológico; es decir, que a los seres humanos no nos define como personas el sexo, sino la opción sexual que es elegida por aquél”.

Basándose en ello, dicta sentencia anulando determinadas frases contenidas en las disposiciones educativas andaluzas:

Así, en lo que respecta a la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, pide el recurrente la nulidad de la frase, en lo que marca con letra negrilla, que dice incluir en el currículo de Andalucía, “el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. El ejercicio responsable de estos derechos y deberes comportará una preparación para los retos de una sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una convivencia entre otros aspectos en el rechazo de todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, de capacidad económica o condición social, de género, y de raza”. Como bien dice el recurrente, esta expresión “de género” sustituye a la expresión constitucional “de sexo” contenida en el art. 14 de la C.E., para introducir explícitamente la ideología de género en el currículo. Por tanto, no toda la frase sino sólo esta expresión “de género”, que no cabe que la sentencia sustituya por otra (art. 71.2 de la L.J.), ni interpretarla meramente como si se tratara de la expresión “orientación sexual” (fundamento jurídico décimo), ha de ser declarada nula.
También, por iguales motivos, por una determinación normativa inequívoca de la ideología de género, la frase contenida en el núcleo denominado como “Igualdad, convivencia e interculturalidad”, a propósito del desarrollo de contenidos como la educación en el conocimiento y respeto de los derechos fundamentales, que implica, dice, entre otros aspectos que “la educación ha de atender al respeto de las diversas opciones vitales de las personas y los grupos sociales, desarrollando la sensibilidad y la actitud crítica hacia estereotipos racistas, xenófobos, machistas y homófobos”. Ya dice el recurrente que la ideología de género es aquella que parte de la teoría “que a los seres humanos no nos define como personas el sexo, sino la opción sexual que es elegida por aquél”, y que “los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos en la concepción de la sexualidad que resulte confirme a nuestras convicciones, sin perjuicio de educarlos en el respeto a otras orientaciones sexuales”. Por tanto, tampoco toda la frase sino sólo esta expresión “diversas opciones vitales”, que la sala no puede sustituir por otra (art. 71.2 de la L.J.), ha de ser declarada nula.

Me detengo aquí, y no salgo de mi asombro. Tanto al recurrente como al tribunal les parece mal que el currículo aluda al “respeto de las diversas opciones vitales”, y les parece mal eso “sin perjuicio de educarlos [a los hijos] en el respeto a otras orientaciones sexuales”. ¿Me lo parece sólo a mí, o ambas cosas son coincidentes?
Sigamos leyendo al TSJA:

Por último, se dice que dentro del Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, se plantea entre sus núcleos temáticos, “1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía afirmando que la adolescencia es una etapa fundamental en la definición de las identidades, en su dimensión personal y en su dimensión social. Dado que la construcción de la identidad es una tarea compleja es necesario que la contribución de la escuela a ese proceso de construcción huya de la simplificación y de los enfoques esencialistas, para asumir, una perspectiva compleja y crítica”. También, por iguales motivos, consistentes en una determinación normativa inequívoca de la ideología de género, no toda la frase marcada sino sólo la de “dado que la construcción de la identidad es una tarea compleja es necesario que la contribución de la escuela a ese proceso de construcción huya de la simplificación y de los enfoques esencialistas, para asumir, una perspectiva compleja y crítica”, que el pronunciamiento judicial no puede sustituir por otra (art. 71.2 de la L.J.), ha de ser declarada nula.

Una vez más, mi asombro es mayúsculo: ¡al recurrente y al tribunal les parece mal que la escuela fomente la construcción de la propia identidad desde una perspectiva compleja y crítica!
Vale la pena leer el voto particular del magistrado Rafael Sánchez Jiménez, que no sólo plantea claramente que la formación básica en valores cívicos de convivencia no vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos en las convicciones morales y religiosas que deseen, sino que también alude – ¡menos mal! – a la Recomendación 12/2002 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, y teje las siguientes consideraciones sobre las tres expresiones anuladas por la sentencia:

(…) la expresión “de género“, a que se alude en la citada Orden al referirse a “……. los retos de una sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una convivencia entre otros aspectos en el rechazo de todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, de capacidad económica o condición social, de género, y de raza”, ha de señalarse que tal expresión no implica, necesariamente, un propósito de adoctrinar a los alumnos en la denominada “ideología de género”, pues tal expresión ha de ser entendida como en un sentido mas amplio que la de sexo”, para comprender, además del sexo, la opción sexual de la persona con independencia de su sexo, es decir, se pretende inculcar el rechazo a toda discriminación por razón de sexo y de inclinación sexual, lo cual, naturalmente, no está reñido con valor constitucional alguno , ni, por supuesto, con el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos, pues el rechazo de tal motivo de discriminación no afecta a la concepción moral que se pretenda inculcar a los hijos sobre la homosexualidad.
En cuanto a la expresión de la misma Orden “diversas opciones vitales”, que es anulada por la sentencia , conviene señalar que la misma forma parte de la frase siguiente: “la educación ha de atender al respecto de las diversas opciones vitales de las personas y los grupos sociales, desarrollando la sensibilidad y la actitud crítica hacia estereotipos racistas, xenófobos, machistas y homófobos”, tenor literal del que no puede desprenderse, de forma unívoca, una determinación normativa inequívoca de ideología de género , como señala la sentencia, a que se contrae este voto, toda vez que tal expresión, dado el contexto en que es utilizada, ha de ser puesta en relación con la actitud crítica hacia determinados estereotipos, entre los que se señalan los homófobos, siendo, por tanto, de aplicación lo precedentemente expuesto en relación con la expresión “de género”.
(…) en cuanto a la frase “dado que la construcción de la identidad es una tarea compleja es necesario que la contribución de la escuela a ese proceso de construcción hulla de la simplificación y de los enfoques esencialistas, para asumir, una perspectiva compleja y crítica”, frase a la que la sentencia atribuye “una determinación normativa inequívoca de la ideología de género”, frente a lo cual hemos de señalar que, dada la generalidad de su tenor literal, tampoco encontramos indicios inequívocos de que se pretenda inculcar a los alumnos la denominada “ideología de género”, pues en definitiva dicha frase , como todas aquellas de la normativa a que se contrae este recurso, que destaca, en negrita, el recurrente como acreedoras de una declaración de nulidad por vulnerar sus derechos fundamentales, son susceptibles de ser interpretadas, por si mismas y en su contexto, como expresiones plenamente compatibles con la Constitución.

En resumen, el “exceso” al que aludía José Manuel Roca en su artículo se resume para el TSJA en el uso de las expresiones “de género” en vez de “de sexo”, “diversas opciones vitales” y “dado que la construcción de la identidad es una tarea compleja es necesario que la contribución de la escuela a ese proceso de construcción huya de la simplificación y de los enfoques esencialistas, para asumir, una perspectiva compleja y crítica”. ¿Es esto un “exceso” comparable – pues José Manuel Roca lo compara – a la “Formación del Espíritu Nacional” franquista? ¿Es un exceso que la escuela fomente el respeto a todas las opciones vitales – incluidas las opciones sexuales – y la construcción de la propia identidad de manera compleja y crítica?
Imagino que los recursos que ya se anunciaron contra esta sentencia del TSJA acabarán por anularla y dar la razón al contenido del sensato voto particular. Pero aunque así no fuere, difícilmente se podrán calificar de “exceso” unas disposiciones educativas que sólo visan educar a todos en el respeto a las opciones de los demás, sean cuales fueren las nuestras. Los padres tienen derecho a dar la formación moral que deseen a sus hijos en lo que se refiere a sus propias opciones vitales, pero en absoluto les asiste el derecho a transmitir a sus vástagos ideas y comportamientos discriminatorios o depreciativos hacia quien opta por opciones vitales diferentes o consideradas erróneas por su moral personal o por su religión.

2 Respuestas a “Más sobre “Educación para la ciudadanía””


  • Dionisio Martínez Soler

    José Manuel Roca ha publicado otra entrada sobre el tema, aunque sin citar ni comentar mi argumentación y yéndose un poco por las ramas con el tema de un vídeo de las Juventudes Socialistas que fue muy comentado en su momento (juntamente con una respuesta también en vídeo de las juventudes del PP, si mal no recuerdo), y que muestra sobre todo que sus autores no fueron educados en los principios y valores de respeto que los currículos de “Educación para la ciudadanía” propugnan. El vídeo es sin duda un exceso. El contenido de la asignatura “Educación para la ciudadanía” no. Que una de las cosas sea un exceso no tiene nada que ver con que la otra lo sea.

    La nueva entrada de Roca insiste en cosas que para mí no son las esenciales: lo es el contenido del currículo oficial de la asignatura y también el contenido concreto de la sentencia, que anula como digo en mi entrada tres expresiones. ¿De verdad es defendible que esas tres expresiones, “de género”, “diversas opciones vitales” y “dado que la construcción de la identidad es una tarea compleja es necesario que la contribución de la escuela a ese proceso de construcción huya de la simplificación y de los enfoques esencialistas, para asumir una perspectiva compleja y crítica”, son contrarias al “conjunto de valores, principios e instituciones constitucionales” como dice Roca? Me remito a lo que ya decía en mi
    entrada:

    “difícilmente se podrán calificar de “exceso” unas disposiciones educativas que sólo visan educar a todos en el respeto a las opciones de los demás, sean cuales fueren las nuestras. Los padres tienen derecho a dar la formación moral que deseen a sus hijos en lo que se refiere a sus propias opciones vitales, pero en absoluto les asiste el derecho a transmitir a sus vástagos ideas y comportamientos discriminatorios o depreciativos hacia quien opta por opciones vitales diferentes o consideradas erróneas por su moral personal o por su religión.”

    Los jueces, efectivamente, juzgan. Pero no tienen ni deben tener poder absoluto: tienen que razonar y argumentar jurídicamente sus sentencias, que son públicas, y cualquier ciudadano, acatando por supuesto la sentencia, tiene el derecho de mostrar las debilidades y defectos que tiene. Su trabajo, como el de todos, y muy especialmente por su importancia, también está sometido a evaluación y crítica. Otros jueces del mismo tribunal, que también juzgan, han recogido un voto particular muy significativo en la sentencia. Cabe recurso ante esa sentencia y ya se ha presentado, y en él se dice incluso que esa sentencia es contraria a la jurisprudencia.

    Sería bueno que en todos los temas, y en este también, debatiéramos
    analizando realmente los contenidos (el texto de los currículos, el
    texto de la sentencia) y no aplicando estereotipos.

  • Excelente y completo post sobre la polemica.
    Yo intente tambien contestar al Sr. Roca en mi blog, de forma mas simple, ante la imposibilidad de publicar un comentario.
    Pero parece que opta por ratificarse en sus tesis, que encuentro disparatadas y aberrantes.
    La construccion de la ciudadania responsable requiere analisis completos y profundos como el suyo.

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